viernes, febrero 15, 2008

Autonomía Mapuche dentro del Estado Nacional Chileno

En 1545 la Corona española reconoció en una Real Cédula el derecho de los indígenas americanos a formar “pueblos de indios”, estructura pensada con el fin de proteger a las poblaciones originarias de la explotación, esclavización y exterminio que los encomenderos estaban realizando en las colonias, situación advertida unos años antes por Bartolomé de Las Casas.


El poder imperial pareció más dispuesto que el Estado chileno actual a reconocer la capacidad de autogobierno y diferenciación de los pueblos originarios. Muchos de los municipios que hasta hoy conservan nombres indígenas se crearon al amparo de estas llamadas “leyes Nuevas”. Apoquindo, Melipilla o Vichuquén fueron algunos de estos pueblos, habitados y administrados por indígenas, bajo la leyes del imperio español.


Cuesta creer que un imperio medieval pueda ser más progresista que los socialdemócratas del siglo XXI. Tal vez sea, básicamente, por las distintas maneras de entender lo que hoy podríamos llamar identidad cultural. Nuestro progresismo se fraguó a la par de la construcción del estado-nación de América Latina -entendiendo que la unidad territorial era símil de la unidad idiomática, étnica y cultural- y, por tanto, tendió a ignorar las diferencias y a enfatizar las similitudes. Eso estuvo muy bien para el siglo XIX y gran parte del XX, donde las luchas reivindicativas apuntaban a una cuestión de necesidades básicas de clase, a aumentar el acceso de grandes masas al bienestar de la modernidad. El problema es que, una vez superada las necesidades básicas de sobrevivencia, surgen otras necesidades, más subjetivas y diferenciadas entre grupos culturales. Son las necesidades de reconocimiento e identidad, de autoestima personal y colectiva. Este fenómeno es aumentado y perfeccionado por los efectos de la globalización, debilitamiento de los valores de estado nacional y procesos de individualización. Es decir, la emergencia de lo local a nivel global, saltándose las etapas intermedias.


En Chile este proceso se manifiesta políticamente en la presión que realizan las regiones para conseguir el autogobierno de los propios recursos y, por su puesto, en la creciente organización mapuche en un movimiento de carácter internacional. Esto último no tiene nada de nuevo: Chiapas, País Vasco, Timor Oriental, Chechenia o Kosovo son casos paradigmáticos de situaciones similares mal resueltas por gobiernos nacionales.


En esos casos, la oposición sistemática de los gobiernos nacionales a reconocer las características diferenciadoras de colectivos culturales específicos colabora, y hasta gatilla, la sinergia diferenciadora, teniendo el efecto contrario al buscado. O sea, la porfía del Estado en no reconocer las diferencias del mundo mapuche y su capacidad de autonomía dentro del espacio nacional puede llegar a ser el origen de una radicalización del proceso diferenciador.


Casos muy distintos son los vistos en Québec, Yukón o Nunavut, que llevan muchos años de autonomía dentro del Estado de Canadá sin buscar ninguna independencia de él; por el contrario, los separatistas de Québec hicieron en 2007 un plebiscito de independencia que perdieron frente a los unionistas. También es digno de citar el exitoso caso de la confederación Suiza, donde cuatro tradiciones culturales, con distintos idiomas y religiones, han llevado adelante un Estado federado con un alto nivel de cohesión interna y estabilidad político administrativa.


La situación mapuche no variará a favor de la integración–desintegración que pretende el Estado chileno. Sólo variará en dos direcciones posibles, tal como ha ocurrido con todos los casos conocidos de este tipo de conflictos: Positivamente, si la sociedad chilena aprende a reconocerlos como diferentes dentro de su “chilenidad” y les presta atención a sus demandas de autonomía relativa dentro de un estado nacional común. O negativamente, si se insiste en ignorar estas demandas, puesto que aumentará el peso político y la legitimidad de los separatistas radicales, lo que puede derivar con toda probabilidad a un aumento de la violencia del conflicto en los próximos años. Esperemos que el hecho de tener en la actualidad a un historiador como Ministro cercano a la presidencia sirva de algo para evitar un panorama negativo.

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